Sagunto acoge la 'Trobada d'Escoles en Valencià', los 'Premis Sambori' y el FesCamp
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El alcalde además argumenta que “nosotros estamos buscando la solución. Una solución que dé satisfacción a los trabajadores pero que sea viable desde el punto de vista de la aceptación por parte de las administraciones que tienen que resolver este expediente según la justicia y la legalidad”.
El alcalde también ha explicado que el Ayuntamiento de Sagunto, como todos los años, desde hace ya varias legislaturas, dedica parte de su superávit a dar trabajo a las personas que más lo necesitan con unos planes de empleo y normalmente en contra, muchas veces, de los criterios de la propia administración que intenta limitar esta posibilidad, “pero el Ayuntamiento, este gobierno y gobiernos anteriores, han decidido en bien de los trabajadores y trabajadoras que están en una situación más precaria, desarrollar estos planes de empleo normalmente con una duración de tres meses intentando llegar al máximo de gente”.
En esta ocasión se decidió por parte de los cuatro grupos que forman el gobierno, y por lo tanto es un plan de empleo de todo el gobierno, ampliar esa duración a seis meses con el fin de que los trabajadores y las trabajadoras pudieran cobrar unas prestaciones, pero cuando se hicieron los contratos en algunos casos se cerraron a través del régimen agrario y después la consecuencia es que no se tenía derecho a esas prestaciones. Pero esto ha sido todo un proceso del cual el Equipo de Gobierno “no hemos tenido un conocimiento hasta el final porque se ha encargado a la Sociedad Anónima de Gestión, y nuestra pretensión política evidentemente es que hubiera esta cobertura”.
Por lo tanto, continúa Fernández, “si nosotros hemos intentado ayudar a la gente a tener unos ingresos durante seis meses y que después tuvieran unas prestaciones, ahora nos tenemos que preocupar de que efectivamente todos y todas tengan estas prestaciones dentro de la viabilidad legal. No podemos llegar a una solución que después se vea defraudada porque los que perderían serían los trabajadores y trabajadoras y por lo tanto tenemos que buscar diferentes fórmulas para poder compensar en principio esta discriminación”.
El alcalde ha asegurado estar dispuesto a reunirse con los trabajadores y las trabajadoras directamente, para explicarles la situación.
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Las infracciones leves conllevan multas de entre 60 y 600 euros, mientras que las graves pueden alcanzar los 6.000 euros
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