
El Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado una moción en apoyo a la convocatoria de huelga general para el próximo miércoles 11 de noviembre por salarios dignos, el derecho a la vivienda y el control de los precios. El documento validado en el Pleno ordinario de noviembre pertenece a la Plataforma per l’Habitatge de Sagunt y también reclama a las diferentes Administraciones: “Impulsar de manera urgente políticas y normativas que acaben con la especulación de la vivienda, ampliando el parque público y garantizando el acceso universal a un techo digno como derecho de ciudadanía”.
De manera que el documento aprobado insta al Ayuntamiento de Sagunto a “ampliar el parque de alquiler asequible, garantizar alternativas habitacionales frente a los desahucios y limitar estrictamente las Viviendas de Uso Turístico (VUT)”.
Por lo que respecta a la Generalitat Valenciana, se exige la aplicación de la legislación “vigente desde 2023” para declarar Zona de Mercado Residencial Tensionado a los municipios que lo hayan solicitado, así como incrementar la inversión pública en materia de vivienda “hasta alcanzar, al menos, el 2 % del PIB en la Comunitat Valenciana”. De igual modo, la moción reclama el desarrollo de un marco normativo necesario para implementar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y “acelerar las convocatorias de ayudas destinadas al alquiler, compra, rehabilitación y regeneración urbana”. Finalmente, también se requiere garantizar la calificación permanente de las Viviendas de Protección Pública (VPP) “para impedir su descalificación o privatización”.
En relación al Gobierno de España, la moción aprobada reclama “políticas estructurales que incrementen sustancialmente” el parque público de vivienda y “garanticen el acceso efectivo a una vivienda digna, ampliando la protección frente a los desahucios”. Asimismo, se le insta a “combatir decididamente” la especulación inmobiliaria: “Regulando los alquileres de temporada y por habitaciones, prohibiendo la compra de vivienda por parte de ‘fondos buitre’, así como prorrogando automáticamente los contratos de alquiler y garantizando que el parque público jamás se descalificará ni privatizará para evitar la especulación con viviendas que hayan recibido fondos públicos”.
La proposición aprobada recoge otros acuerdos como instar al Ministerio de Economía a “proteger las rentas de las familias trabajadoras frente a los márgenes abusivos del beneficio empresarial”, controlando los precios de los bienes básicos y la energía. También se emplaza a las organizaciones empresariales y patronales a “desbloquear de manera inmediata la negociación colectiva” para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
Con el quinto y sexto puntos del acuerdo los grupos políticos del Ayuntamiento de Sagunto se comprometen a “defender la viabilidad del sistema público de pensiones”, así como a “blindar la financiación y la calidad de los servicios públicos”. Por último, la moción también garantiza el pleno ejercicio del derecho constitucional a la huelga entre el personal de la Corporación Municipal de Sagunto.

La moción fue propuesta de manera conjunta por PSPV-PSOE, IP, Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem. Un grupo de representantes de los sindicatos convocantes se encargaron de presentarla en la sesión plenaria. El texto salió adelante con los votos de a favor de PSPV-PSOE, IP, Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem, así como con los votos en contra de PP y Vox. Cabe mencionar que a esta proposición se le añadió una autoenmienda para incluir a la Confederación Intersindical y a la Confederación General del Trabajo (CGT) en la lista de sindicatos convocantes de la huelga general.
Tal y como se expone en el documento, si bien la huelga general ha sido convocada por CCOO y UGT: “Esta convocatoria histórica no se produce de manera aislada, sino que confluye de manera unitaria con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los movimientos sociales en defensa de la vivienda”.
Esta movilización sitúa “las condiciones de vida y trabajo en el centro de las prioridades políticas y económicas” ante un diagnóstico urgente que afecta directamente a los vecinos y vecinas de la ciudad en relación a: la emergencia residencial, el desequilibrio económico y salarial, los precios y el coste de la vida, la precariedad, la vulnerabilidad, la salud laboral, el bienestar mental y la defensa de lo público.
“La fuerza de esta sociedad movilizada, liderada de manera ejemplar por la juventud, mujeres y hombres, demuestra un firme compromiso con la lucha colectiva. Como Administración más cercana a la ciudadanía, este Ayuntamiento debe reconocer la legitimidad de todos los actores convocantes y respaldar sus exigencias frente a la especulación y la precariedad”, concluye la moción de la Plataforma per l’Habitatge de Sagunt aprobada en el Pleno municipal.